El Tribunal Supremo ha absuelto al constructor de las dos planeadoras que el clan del narcotraficante Ramiro Vázquez Roma empleó en octubre de 2007 para intentar introducir 2.500 kilos de cocaína a través de las costas gallegas. Los magistrados de la Sala de lo Penal anulan la pena de diez años de cárcel decretada por la Audiencia de Pontevedra al entender que no se ha probado que el constructor de las embarcaciones conociese la operación que iba a desplegar la red de Vázquez Roma para descargar la droga en las playas de Mourisca (Bueu) y Meloxo (O Grove). El único "indicio" que recoge la sentencia inicial acerca de su presunta participación en el transporte de la droga es que en su astillero se construyen embarcaciones que "podrían" dedicarse a tal delito.
Tal razonamiento, según los magistrados del Supremo, implicaría que la "práctica totalidad" de astilleros que construyan embarcaciones semirrígidas como las planeadoras estarían "bajo sospecha" cada vez que se desbarate una operación contra el narcotráfico. Añaden que la "estrecha" colaboración o amistad entre Vázquez Roma y este constructor "tampoco es un indicio sólido", ni aunque le hubiese planteado la posibilidad de adquirir juntos otro astillero. El Supremo también modifica la pena contra otro de los 18 acusados por esta operación, frustrada en su día por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la aumenta de dos a cinco años de cárcel, al considerarlo autor de los hechos y no cómplice.
Este hombre, reza la sentencia, aceptó figurar como propietario adquirente de las dos embarcaciones que iban a ser utilizadas para el alijo de la droga. El Tribunal Supremo, por su parte, confirma la condena de once años de prisión para Ramiro Vázquez Roma como máximo responsable de una red dedicada al tráfico de drogas cuyos integrantes fueron detenidos en la denominada Operación Piraña y mantiene una multa de 301 millones de euros por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Junto a él, habían sido condenadas otras diecisiete personas, a las que se les impusieron penas que sumaban más de 80 años de prisión -entre seis meses y 10 años para cada uno de ellos- y multas que en su conjunto llegaban a los 2.853 millones de euros.
