La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha absuelto a los dieciséis acusados en la conocida como operación Trucarro, en la que se investigó la manipulación del quilometraje de vehículos de segunda mano antes de ponerlos a la venta en las cuatro provincias gallegas. El tribunal, informa el TSXG, decretó la nulidad de las intervenciones telefónicas en el trámite de cuestiones previas, una decisión que, tal y como se indica en la sentencia, ha marcado "el devenir del procedimiento".
Los magistrados señalan en la resolución que la nulidad de las escuchas, tal y como sostuvieron las acusaciones durante el juicio, "determinó que todas las demás pruebas estuviesen contaminadas al haberse obtenido toda la información a raíz de ellas". La Audiencia argumenta que la investigación, iniciada en 2008 y llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, había partido de la información que la Guardia Civil había obtenido en una intervención telefónica acordada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Lalín.
El tribunal subraya que los datos conseguidos en esas primeras escuchas telefónicas, que son los que dieron origen a la operación Trucarro, no constan en la causa, a la que tampoco se incorporaron "ni los autos que las acordaron ni los oficios policiales que las solicitaron". Las defensas de los sospechosos impugnaron por ese motivo la validez de las intervenciones.
La Audiencia recuerda en el fallo, que, tal y como decreta el Tribunal Supremo, partir del momento de la demanda de nulidad recae en las acusaciones, tanto en la pública como en las particulares, "la carga de reaccionar y acreditar la legitimidad de las escuchas, bien mediante la aportación de la documentación o bien mediante la solicitud al tribunal para que la recabe".
En este caso, según los magistrados, tanto el fiscal como las acusaciones, mantuvieron ante la impugnación de las escuchas "una actitud pasiva", pues no trataron "de acreditar su legitimidad una vez que una de las defensas las impugnó meses antes del comienzo del juicio". "Tampoco reaccionaron cuando fue planteada en el trámite de cuestiones previas, ni días después cuando se reanudó el juicio y el tribunal preguntó a las partes si existía algún obstáculo a que se resolviese la nulidad de las escuchas planteada", recalcan los jueces, quienes sostienen que "el intento" del Ministerio fiscal de aportar la documentación una vez el tribunal había declarado la nulidad de las intervenciones es "claramente improcedente por extemporáneo".
