La asociación de víctimas del descarrilamiento de un tren Alvia en Santiago de Compostela en 2013, en el que murieron 80 pasajeros y resultaron heridos otro centenar y medio, expresó hoy sus sospechas de que la firma pública Adif, que gestiona las infraestructuras ferroviarias, intentó "manipular" la investigación parlamentaria de las causas del siniestro.
En un comunicado, la asociación de víctimas "Alvia 04155", del nombre del tren descarrilado el 24 de julio de 2013, reaccionó así a la reclamación por parte de la eurodiputada Ana Miranda de que Adif dé explicaciones por haber contratado "a dedo" por 14.900 euros al bufete de abogados Hogan Lovells, para ofrecer "servicios de asesoramiento".
La asociación considera "vergonzoso" que Adif, que dispone de "todo el aparato del Estado, servicios jurídicos, abogacía del Estado" contrate, para “asesorar” a un bufete de abogados que precisamente ya defiende a uno de los procesados por el trágico accidente, el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte. "Nos preguntamos si Adif trató de manipular la comisión de investigación parlamentaria, lo que sería muy grave", indica la asociación.
Considera que la contratación de ese gabinete de abogados explicaría "por qué los técnicos de las empresas públicas no eran capaces de contestar a preguntas sencillas en el Congreso de los Diputados" y de que pese a tener "responsabilidad y altos conocimientos técnicos en el sector ferroviario, dudaban, daban evasivas o no sabían contestar a preguntas de perogrullo". Por ello, los representantes de "Alvia 04155" indican haber pedido una reunión con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, para que "dé las explicaciones oportunas" y para "exigirle el cese inmediato" de la actual presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
