viernes. 29.03.2024

El encausado Jorge S.P. ha aceptado una condena de dos años de prisión y el pago de una multa de 900 euros por utilizar su gestoría como tapadera para introducir ilegalmente en el país a ciudadanos de nacionalidad senegalesa a cambio de dinero, entre 4.500 y 6.000 euros.

 

La vista de conformidad por estos hechos ha tenido lugar esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, y el tribunal ha declarado firme la sentencia al expresar las partes su intención de no recurrir la misma. Además, se ha decretado la suspensión de la pena por un periodo de dos años, condicionada a que el acusado no vuelva a delinquir durante este periodo.

 

En un inicio, el Ministerio Fiscal solicitaba 15 años de prisión para Jorge S.P., a quien, a la hora de determinar la condena, se le han aplicado las atenuantes de reparación del daño -al haber consignado ya fondos para indemnizar a las víctimas- y de dilaciones indebidas, y que resarciese a las personas perjudicadas con un total de 30.000 euros.

 

Finalmente, ha sido condenado a una pena de 1 año por un delito de tráfico ilegal de ciudadanos extranjeros con ánimo de lucro, en concurso con un delito continuado de falsedad documental; 6 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores; y otros 6 meses por un delito continuado de estafa. También deberá pagar un total de 900 euros en concepto de multa. Según el escrito de acusación, el encausado tramitaba ante el Consulado de España en Dakar un visado por tres meses de residencia y trabajo, y una vez conseguido, viajaba con la víctima a Vigo.

 

Luego, presentaba ante la Subdelegación del Gobierno una falsa oferta de empleo como gestor financiero en su gestoría, con la que conseguía la autorización de trabajo y residencia por un año y lo inscribía en la Seguridad Social. Para evitar que el fraude se descubriera, obligaba a sus víctimas a acudir a la oficina unas horas al día, en las que los falsos trabajadores no realizaban labor alguna. Una vez conseguida la autorización de residencia, les daba de baja en la Seguridad Social y los obligaba a buscarse un trabajo por su cuenta con el que saldar la deuda contraída. Como adelanto por las gestiones realizadas les exigía 1.500 euros.

 

Según la Fiscalía, Jorge S.P. suscribía estas ofertas de empleo y contratos de trabajo simulando la intervención de los titulares oficiales de la gestoría, primero sus dos hijos y luego una empleada, e imitaba su firma, sin que estos tuvieran conocimiento. Subraya que el acusado era quien gestionada y "decidía todo lo referente" a la gestoría, que tuvo a nombre de terceros por incompatibilidad con su condición de pensionista.

Acepta dos años por introducir senegaleses utilizando su gestoría de tapadera