El agente de la Guardia Civil acusado de matar a Javier Fernández, ex batería del grupo pop Los Piratas, ha asegurado hoy que no le quedó "otro remedio" que disparar contra el difunto, dado que estaba tratando de agredir a su compañero con un arma blanca. La Sala de lo Penal número 2 de los juzgados de Pontevedra ha acogido esta mañana la vista oral del juicio contra este miembro de la Benemérita, que en agosto de 2015 mató a Javier Fernández de un disparo en el abdomen cuando trataba de reducirlo.
Así lo ha reconocido en su testimonio de hoy, en el que ha rechazado responder a las preguntas de la acusación particular y en el que ha sostenido que su actuación fue "proporcional" y adecuada al protocolo, ya que -ha insistido- era "imposible" frenar a Fernández de otra manera, dado lo repentino y abrupto de la situación. Según el acusado, el fallecido estaba "totalmente fuera de sí" y, tras proferir numerosas amenazas contra los agentes que se hallaban en su domicilio con motivo de un aviso previo a los servicios de emergencias por parte de su mujer por su supuesta enajenación, trató de atacar a uno de ellos con la cubertería de la casa, causándole heridas leves en los hombros y en el rostro.
Los hechos se produjeron después de que tanto la mujer del músico, con marcas leves en su cara por un golpe propinado por él mismo, y su hijo de apenas dos meses abandonasen el domicilio, asistidos por amigos de la familia. Fernández sufría de trastorno bipolar y, en los días previos a lo acontecido, había reducido notablemente la dosis de fármacos con la que se trataba, con efectos nefastos en su comportamiento, según ha afirmado hoy su mujer en el juicio.
La pareja de Hal, seudónimo con el que se le conocía en su círculo íntimo, ha explicado que pidió ayuda a los vecinos después de que este le propinase un golpe y de verlo "muy nervioso" y "delirando". No obstante, la propia Andrea rechazó firmar un atestado conforme se trataba de un caso de violencia de género e incluso ha incidido en que Hal nunca había presentado este comportamiento antes y que estaba causado repentinamente por su dolencia.
En la jornada de hoy, también han intervenido los amigos de la familia que participaron en los hechos tras recibir el aviso de la mujer del músico, que acudieron enseguida a la vivienda para asistirla y que, entre otras cosas, retiraron al bebé de la vivienda cuando aún se hallaba bajo la custodia del padre. Uno de estos testigos ha asegurado haber estado presente en el momento en que el agente de la Guardia Civil disparó sobre Hal y ha considerado que la actuación de las fuerzas de seguridad se basó en una estrategia "de presión" que empeoró el estado de enajenación del fallecido.
Esta persona ha detallado también que no se atendió a Hal "inmediatamente" desde su caída al suelo como consecuencia del impacto de la bala, algo que los testigos de la defensa no han negado, sino que han justificado porque, ya herido, el músico todavía se revolvía. En la vista también ha testificado el compañero del agente acusado, que ha opinado que "no hubo manera de razonar" con Hal dado su estado y que este cargó contra él con las manos llenas de cubiertos.
"Me vi en la obligación de proteger mi vida", ha declarado, durante la narración de los hechos, en la que ha explicado que tropezó y cayó ligeramente hacia atrás, momento en que su compañero accionó el gatillo con el fin de salvaguardarlo. Este agente ha respondido también que acudió al lugar, en el municipio pontevedrés de Ponteareas, para atender un supuesto caso de violencia de género, y no ha sido capaz de aclarar si actuaría de la misma manera de repetirse lo sucedido.
La estrategia de los interrogatorios de la acusación particular se ha basado en tratar de destapar incoherencias en el protocolo seguido por los guardias civiles y en probar que la respuesta del autor del disparo, además de desproporcionada, fue negligente, porque el disparo impactó en el abdomen, en vez de en la pierna como tendría que haber ocurrido si estuviese destinado a reducir al presunto atacante. Mientras tanto, la defensa ha dudado de la veracidad de la presencia de determinados testigos en el lugar y en el momento de los hechos, ya que la pareja de agentes implicada en los mismos no ha reconocido que estuviera allí y ha manifestado que, aparte de ellos, tan solo estaban tres sanitarios.
Por este delito, la acusación particular solicita una pena de cuatro años de cárcel y de seis años de inhabilitación especial para el Guardia Civil presuntamente homicida por una eventual "imprudencia profesional grave", mientras que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa. La vista oral se reanudará el lunes, después de la larga sesión del día de hoy, ya que quedan cerca de una decena de testigos por intervenir todavía. EFE
