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Justicia

La cuñada de Silva declara por su presunto "enchufe" tras buscarla la Policía

Miércoles, 23 Enero 2019 17:07
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Vanesa F.B, cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha comparecido finalmente en el juicio que acoge la Audiencia Provincial contra el funcionario del Ayuntamiento de Vigo Francisco Javier G.O. y el gerente de Imesapi, Ramón C.A., en relación con el supuesto "enchufe" en esa concesionaria de esta mujer, citada como testigo. Tras dos incomparecencias, Vanesa F.B., que fue desimputada por prescripción del delito de tráfico de influencias por el que fue investigada en esta causa, ha acudido al edificio judicial en un acceso que no se efectuó por la puerta principal, y luego ha sido conducida a la sala de vistas escoltada por dos policías.

 

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra resolvió de oficio que la Policía contactara con ella por teléfono o fuera a buscarla a su domicilio al constatar que no se había presentado por segundo día consecutivo. El mismo tribunal había rechazado días atrás las razones de salud y personales esgrimidas por Vanesa F.B. para que la dispensaran de declarar como testigo en el juicio. Durante su declaración en sala, la cuñada de Silva, visiblemente nerviosa, ha sido advertida dos veces por el juez de que de no podía negarse a responder a las preguntas de la fiscal. En un principio respondió con evasivas y se limitó a decir que no recordaba nada y que no tenía "ni idea" de lo que le preguntaban, y que incluso le costaba entender lo que le decían.

 

Llegó a afirmar que no recordaba si había trabajado alguna vez en su vida, tras lo cual el juez le avisó de que de persistir en esta actitud podría ser acusada de un delito de obstrucción a la justicia. A partir de ahí, ha acabado reconociendo que le encargaron realizar una serie de encuestas a indicaciones del gerente de Imesapi, el acusado Ramón C.A., pero que se limitó a hacer las llamadas desde el Ayuntamiento y no en la sede de la concesionaria que la contrató ni en los centros cívicos que gestionaba. Nada tuvo que ver, ha dicho, con la elaboración de los cuestionarios ni con el volcado y análisis de los datos, como tampoco con la realización de los informes de conclusiones. Ha alegado que no recuerda sentirse apremiada para hacer las encuestas ni cómo fue capaz de realizar 1.000 llamadas en apenas unos diez días.

 

La cuñada de Silva ha indicado también que no conocía al alto funcionario Francisco G.O. antes de trabajar en Imesapi, empresa en la que, ha dicho, entregó un currículum al tener conocimiento de que necesitaban reforzar el personal. Una licenciada en sociología a quien el juzgado de instrucción encargó un informe pericial sobre las encuestas investigadas en la causa ha declarado en sala que éstas fueron encargadas por el Ayuntamiento de Vigo a precios por encima del valor de mercado y que además carecían del "rigor metodológico" mínimamente exigible. Ha llegado a afirmar que tal y como fueron confeccionadas, sin una ficha técnica de desarrollo del trabajo de campo y sin especificar los métodos de recogida o el marco muestral, entre otros requisitos básicos, en rigor no se les podría denominar encuestas.

 

Adicionalmente, esta perito ha cuestionado que una sola persona pudiera hacer 1.000 encuestas en, como mucho, diez días, que es el plazo transcurrido en algunos expedientes entre la presentación por parte de Imesapi de un presupuesto, la realización del trabajo y la emisión y el pago de la factura correspondiente. Ha expuesto que un centro de llamadas podría procesar 400 encuestas al día con 20 empleados en turnos de mañana y de tarde, siempre y cuando se trate de recabar respuestas "muy breves".

 

Cuatro trabajadoras de Imesapi que coincidieron con Vanesa F.B. en los cinco años que aquella estuvo contratada en esta concesionaria también han declarado hoy como testigos. Una de ellas, la actual presidenta de la Federación de asociaciones de vecinos Eduardo Chao, María Pérez, ha relatado que tuvo un enfrentamiento verbal con la cuñada de Silva porque, según ha dicho, se negaba a realizar las funciones encomendadas, y que aquella le espetó: "no sabes quién soy yo". A partir de ahí, ha dicho, fue llamada a capítulo por el concejal del Ayuntamiento de Vigo David Regades. Las otras tres, actualmente trabajadoras municipales tras ganar un pleito al Ayuntamiento, han dicho que no tuvieron queja de la actitud de Vanesa F.B., a la que apenas vieron unos días en los respectivos centros cívicos de los que son responsables.

 

Quienes fueran interventores del Ayuntamiento de Vigo durante el periodo objeto de investigación de esta causa (2008-2013) han coincidido en que los nueve expedientes de contratos menores adjudicados a Imesapi para la realización de encuestas no tuvieron ningún reparo por su parte. Han detallado que al tratarse de un procedimiento simplificado, solo era objeto de fiscalización la recepción de la factura, por parte de la empresa, y la autorización del pago. Han añadido que sin la conformidad del jefe de servicio, en este caso el acusado Francisco G.O., quien debía velar porque las encuestas estaban bien realizadas y se ajustaban al objeto del contrato, no era posible dicha autorización, que también requería de la correspondiente resolución del concejal Santos Héctor.

 

En el turno de conclusiones, tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por Xuntos, han mantenido sus peticiones de penas: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para Francisco G.O., y 13 de cárcel y 35 de inhabilitación, respectivamente, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Para Ramón C.A., la fiscal pide siete años de prisión y la acusación popular, 13. Las defensas mantienen la petición de libre absolución para sus clientes, aunque el abogado de Francisco G.O. ha planteado, de hallarse una actitud constitutiva de delito, que sea de tráfico de influencias, que habría prescrito, y que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas.

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