jueves. 28.03.2024

Los tres agentes acusados de participar de una trama que supuestamente se apropió de tabaco libre de impuestos han afirmado este martes que se fiaron de palabra de que la mercancía tenía como destinatario a otro barco diferente al que figuraba como autorizado por Aduanas para recibir la mercancía.

 

Estos tres agentes, para los que el fiscal pide cinco años de cárcel, han justificado en una cuestión de confianza con los armadores o los comerciales de las empresas de avituallamiento cuyos trabajadores también están acusados el hecho de que no paralizaran los embarques de tabaco al reparar en este detalle.

 

Estos y dos funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera que han declarado como testigos han explicado que siempre se debe hacer constar en la documentación oficial que se utiliza una embarcación nodriza, esto es, que el destinatario final del tabaco es otro buque diferente al que recibe la carga en el puerto. Uno de los guardias civiles, José V.B., ha atribuido a la "casualidad" que la mayoría de las operaciones supuestamente irregulares de pertrecho de tabaco las supervisara él, y ha añadido que cometió "un error sin maldad".

 

También ha indicado que el reparto de turnos, de mañana, tarde y noche, se conocía con apenas un día de antelación, por lo que era imposible que los dos comerciales acusados, Juan José y Eva T., los conocieran y aprovecharan para embarcar, o simular el embarque, de tabaco en buques de forma irregular.

 

Los tres agentes de la Guardia Civil han coincidido en señalar que no disponían de información sobre qué buques figuraban como desguazados o cuáles llegaban o salían del puerto de Marín. Uno de ellos, Alberto B.P., relacionado con un solo aprovisionamiento de tabaco supuestamente ilegal, ha indicado que solicitó permiso a Aduanas para tramitar la operación pese a no coincidir el barco destinatario con el que estaba en puerto y que recibió el visto bueno. Mientras, el agente Florián R.R. ha admitido que en algunos casos no supervisó la operación de carga de tabaco porque estaba sobrepasado por la acumulación de trabajo, y que daba prioridad a que la actividad portuaria no se viese interrumpida.

 

Por tanto, en esos casos no pudo comprobar si efectivamente las furgonetas que transportaban el tabaco desde los depósitos de la Zona Franca de Vigo salían del puerto de Marín sin mercancía, tras supuestamente descargarla en barcos. Una de las claves del juicio es demostrar si, efectivamente, el tabaco, del que no se requisó un solo pitillo, siempre fue embarcado, como sostienen los acusados, o si por el contrario, como sospecha Vigilancia Aduanera, no acabó en ningún buque, sino que se acabó derivando al circuito ilegal.

 

Los agentes de Vigilancia Aduanera han señalado que el sistema de cámaras de seguridad en el puerto de Marín es o era por entonces "deficiente" y resulta inútil para comprobar si hubo tales descargas o para averiguar qué vehículos entraron y salieron del mismo, y que a veces tampoco funciona el sistema de identificación de matrículas.

 

Uno de ellos ha detallado que las alarmas saltaron cuando un compañero que había trabajado en una patrullera con base en Marín y que se incorporó a la unidad de análisis de riesgos reparó en que varias solicitudes de pertrecho de tabaco estaban a nombre de barcos que nunca habían atracado allí o que habían ido al desguace. También ha señalado que no es función de Aduanas controlar la relación de los barcos que han sido desguazados, algo que debían comprobar los guardias civiles que daban el "visto para embarcar".

 

Las sospechas se centraron inicialmente en cuatro embarcaciones, cuyos armadores negaron haber solicitado avituallamiento de tabaco, lo que permitió descubrir una pluralidad de operaciones por un valor de 2,2 millones de euros y sendos fraudes de 1,4 millones del impuesto de labores del tabaco y de 345.000 euros de IVA.

Agentes dicen que se fiaron de palabra para dejar embarcar el tabaco en buques